Vea la portada de CANARIAS7 de este domingo 29 de mayo

Imagen de archivo de Ángel Víctor Torres (i), Blas Trujillo (d) y Conrado Domínguez. / arcadio suárez

El 12 de mayo los teléfonos sonaron muy pronto en la Consejería de Sanidad, la propia Presidencia del Gobierno de Canarias y otros departamentos autonómicos. Los que mandaban mensajes, los que llamaban y los que los recibían se habían desayunado con un titular a cinco columnas en primera página de CANARIAS7 que iba camino de provocar más de una indigestión: «Sanidad pagó a una empresa cuatro millones de euros por unas mascarillas que nunca recibió».

Así arrancó, desde el punto de vista mediático, el caso Mascarillas, pero lo cierto es que la historia se había iniciado mucho antes. El problema es que muchos de los que esa mañana del 12 de mayo estaban pegados al teléfono confiaban en que se ' solucionase' el expediente y no tuviera trascendencia mediática.

El malestar en el Gobierno y, sobre todo, en las filas del Partido Socialista era y es evidente. La Consejería de Sanidad ha sido una piedra en el zapato del presidente Ángel Víctor Torres desde el inicio del mandato y más aún en plena irrupción de la covid.

El inventario de nombres que entraron y salieron por ese departamento es muy largo: Torres tuvo que forzar el relevo de Teresa Cruz como consejera y de Blanca Méndez como directora general del Servicio Canario de Salud en pleno estallido de la crisis sanitaria; se improvisó una especie de gabinete de emergencia con Julio Pérez como consejero y Antonio Olivera como número dos; al final se rescató a Blas Trujillo como consejero pero no acertó con Alberto Pazos como director del SCS.

Finalmente Torres accedió a lo que desde el minuto uno le había planteado un sector del partido pero que rechazó por las reservas de otro bloque socialista: Conrado Domínguez como máximo responsable del Servicio Canario de Salud.

¿Por qué Conrado Domínguez, que dirigió el SCS con José Manuel Baltar como consejero y con Fernando Clavijo como presidente? En un sector del PSOE, a Conrado Domínguez se le identifica como persona de la máxima confianza del consejero Sebastián Franquis, que lo rescató para el Gobierno, pese a aquella estancia en el poder bajo mandato de Clavijo, como secretario general técnico de Obras Públicas.

De Conrado Domínguez se aplaude sobre todo la gestión en ese estallido de la pandemia, cuando Canarias, como otras autonomías, se encontró con que el Ministerio de Sanidad -uno de los más descentralizados del Gobierno y con menor capacidad logística- era incapaz de garantizar los suministros de material básico, de manera que se dio libertad a las comunidades para que solucionarlo como cada una pudiera.

Con Teresa Cruz ya apartada, primero de facto y después ya por la vía del Boletín Oficial, entran en escena los teóricos gestores, los que saben cómo conseguir material de manera urgente y cómo garantizar que llegue, y ahí es donde Domínguez sube enteros en su cotización política, hasta el punto de que Torres desoye a quienes rechazaban su vuelta a Sanidad.

En la hoja de servicios de aquel comité de crisis, en el que también estaba Antonio Olivera, brilla el primer vuelo directo de China a Canarias, un hito en materia de logística. Pero en esa hoja de servicios está también el contrato con RR7, una empresa de compraventa de coches, sin experiencia sanitaria y cuya solvencia nadie comprobó.

El 12 de mayo esos teléfonos que suenan muy de mañana recogen una pregunta que se repite: «¿Quién conocía a esta gente de RR7?». Según el preinforme de la Audiencia de Cuentas de Canarias, que recabó información en la Consejería de Sanidad, desde el comité de emergencia uno de sus integrantes facilita ese contacto vía mensaje de WhatsApp a la directora general de Recursos Económicos.

A partir de ese momento todo va muy rápido. Demasiado rápido y sin cumplir los procedimientos, según la Audiencia de Cuentas, que subraya que las situaciones de excepcionalidad de aquella crisis y el paraguas legal de los decretos aprobados para agilizar los trámites no son excusa para lo que se hizo y cómo se hizo. De hecho, según reconoce la propia RR7, recibió dos transferencias de dos millones de euros desde el SCS sin tener contrato alguno.

A Sanidad, por lo que se ve, les valió su palabra de que eran capaces de conseguir un millón de mascarillas FPP3.

El 13 de mayo la preocupación se eleva en el Gobierno: este periódico aporta el dato de que desde el 18 de abril la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por esa operación con RR7, una investigación en la que cuenta con los servicios de la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos de la Policía Judicial y, además de revisar todo el expediente, está citando a las personas implicadas.

El frente de actuación del fiscal Javier Ródenas es doble: por un lado, por presunta estafa de la empresa al SCS y contra Sanidad por presunta malversación y prevaricación.

A quienes han visto el expediente, así como a la propia Fiscalía, les llama la atención la celeridad y ausencia de garantías con que se tramitó todo y, en especial, la 'segunda oportunidad' que Sanidad concede a RR7.

Tras llegar un millón de mascarillas que Aduanas retiene, previa advertencia de la multinacional 3M de que no están homologadas en suelo comunitario, el SCS no inicia acciones contra la empresa, sino que da por bueno un segundo intento de compra de mascarillas, añadiendo 200.000 unidades para teóricamente compensar el tiempo perdido.

Lo cierto es que ese 1,2 millones de mascarillas tampoco llegó, el dinero se entregó y hay constancia de reparto de comisiones entre teóricos intermediarios. Al final, el SCS, ante el fiasco, traslada el caso a la Agencia Tributaria, que inicia en mayo de 2021 el procedimiento de apremio y no ha logrado -después de diez intentos- recuperar el dinero y tampoco embargar bienes a RR7.

Este jueves, con el caso Mascarillas preocupando cada vez más al Gobierno y en especial a los socialistas, el consejero Julio Pérez finalmente elevó el tono respecto a RR7 y dijo que si concluyen que hay insolvencia punible, iniciarán otras «actuaciones», apuntando a la vía judicial, esa que en dos años el SCS no se planteó.

Y todo ello con RR7 insistiendo en que ya ha hecho llegar al Servicio Canario de Salud una propuesta formal para traer 1,2 millones de mascarillas. Eso sí, ahora el precio por unidad es muy inferior al de 2020, de manera que difícilmente el Gobierno podría argumentar que con esa cantidad da por satisfecha la deuda contraída, en especial cuando el consejero Blas Trujillo ha señalado que a fecha de hoy aquellos cuatro millones ya son 4,8 millones por los intereses.

A la derecha, Lucas Cruz, intermediario en la operación de las mascarillas. / c7

La investigación periodística va aportando más nombres que incomodan de nuevo en la cúpula del Gobierno. Es lo que sucede cuando aflora la figura de Lucas Cruz como intermediario y cobrador de una comisión.

Así lo define RR7 en la denuncia que presenta este mes de mayo ante la Policía Nacional, pues la empresa se siente estafada por quienes, a su vez, le garantizaron que las mascarillas que compraba podían ser utilizadas.

A Lucas Cruz se le pagaron 25.000 euros por sus servicios. Su nombre aparece en las hemerotecas como el representante del fondo de inversión que en 2019 iba a comprar el Gran Canaria de baloncesto, operación que también se frustra y en ese momento, para más inri, Lucas Cruz fue detenido y puesto en libertad por una presunta estafa a la Diputación de Ourense.

Cabe recordar que el Gran Canaria de baloncesto estaba bajo la 'tutela' de la Consejería de Deportes del Cabildo, presidida en aquel momento por Ángel Víctor Torres, a la sazón vicepresidente primero y también consejero de Obras Públicas del Cabildo. Ahora Lucas Cruz dice que está dispuesto a devolver la comisión recibida.

En dos ocasiones en apenas cinco días, el consejero Blas Trujillo ha tenido que dar la cara. El argumentario ha sido idéntico al que expuso el mismo 12 de mayo el director del SCS ante los periodistas en un acto por el Día de la Enfermería en el Museo Elder:

El Gobierno es el que se considera perjudicado y está haciendo todo lo posible para recuperar el dinero, con el añadido de que la de RR7 es una de las pocas operaciones de aquel momento crítico de inicio de la pandemia que no salió bien.

La Audiencia de Cuentas piensa otra cosa: en su preinforme subraya que fueron más los expedientes que se tramitaron sin las cautelas, las garantías y los trámites correctos. El Gobierno está elaborando ahora sus alegaciones al preinforme de la Audiencia que firma su presidente Pedro Pacheco.

Pero al margen de que lo argumente Sanidad, el caso está en dos vías: en el Tribunal de Cuentas del Estado por indicios de responsabilidad contable y en la Fiscalía y la UDEF por esos tres presuntos delitos.

Y las mascarillas sin aparecer.